Aquí en el bosque de Taramundi, cuando algo se rompe, primero lo miramos con calma, lo tocamos (si es rugoso mejor, que cuenta historias) y luego ya decidimos si es una rama caída o un misterio de los gordos. Pues en Adamuz (Córdoba) ha pasado uno de esos días en los que el silencio pesa más que una piedra de río mojada.

La investigación judicial del accidente de trenes arrancó la misma noche del domingo, en cuanto el juzgado de guardia en Montoro recibió el aviso para iniciar el levantamiento de los fallecidos. Y aunque los humanos a veces creen que todo se arregla con prisa y un café (que ojo, el café arábica recién molido ayuda, pero no hace milagros), aquí la prioridad está siendo la más importante: identificar a todas las víctimas y completar las autopsias.

Por ahora, la instrucción está en una fase inicial y centrada en ese trabajo delicadísimo. Según fuentes judiciales, todavía quedaban cuerpos por identificar, y ese es el foco. Se han realizado decenas de autopsias y parte de los cuerpos ya han podido ser identificados en el anatómico forense de Córdoba, con procedimientos como huellas dactilares y datos previos. El objetivo es poder entregar cuanto antes los cuerpos a las familias. Sin florituras. Sin atajos.

Montoro, un juzgado pequeño con un lío enorme

Montoro es un sitio con dos juzgados y, de repente, le ha caído encima una tragedia gigantesca. Para gestionar todo esto, se reforzará “de forma inminente” con más manos: un nuevo juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, además de un funcionario de refuerzo durante años, según se comentaba estos días en el propio juzgado. Vamos, que han tenido que llamar a la cuadrilla entera, como cuando una urraca monta un drama porque ha perdido algo brillante y se presenta medio bosque a buscarlo.

En la coordinación de estos primeros días ha tenido un papel clave el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja Vallejo, que además está vinculado a una red de expertos en gestión judicial de emergencias y catástrofes. Estuvo en contacto con la jueza de guardia y con los equipos forenses desplazados, y se movilizaron profesionales de varias provincias andaluzas para agilizar un proceso que, si dependiera de una sola persona, se eternizaría.

La Guardia Civil y los técnicos: tocar cada pieza sin romperla

Mientras tanto, sobre el terreno, la Guardia Civil está haciendo la inspección ocular: revisar vagones, comprobar que no queda ninguna víctima dentro y analizar qué pudo pasar. El Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) se ha desplazado desde Madrid y ha revisado partes del convoy del Iryo. También se ha pedido que no se mueva uno de los trenes hasta terminar el análisis. Aquí el mensaje es claro: mejor ir despacio y bien, que rápido y torcido, que luego vienen los semáforos de la vida a ponerse en rojo para siempre.

Además, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es un órgano independiente adscrito a Transportes, ha anunciado que pedirá trasladar material a Madrid para pruebas de laboratorio, como elementos de la “rodadura” (vamos, el conjunto de eje y ruedas, lo que hace que el tren ruede sin liarla). La Guardia Civil actúa como Policía Judicial a las órdenes del juzgado, y las conclusiones de la CIAF se incorporarán más adelante como peritajes.

Entre las primeras diligencias previstas, estará tomar declaración al maquinista del Iryo que sobrevivió, cuando corresponda. Y a partir de mitad de febrero, la causa pasará a manos de Cristina Pastor, una jueza recién salida de la Escuela Judicial, con refuerzos aprobados para que este asunto pueda tramitarse con el rigor que necesita.

Desde el bosque, sin chistes hoy porque no tocan, solo podemos mandar un respeto enorme a las familias y recordar algo que los caracoles dominan mejor que nadie: la paciencia no es lentitud, es cuidado.